No deja de sorprender que quienes más sufren el deterioro de sus condiciones de vida acaben respaldando discursos que lo justifican. El malestar social se desvía hacia miedos identitarios que se usan para favorecer una política de recortes y privatizaciones. Recuperar la conciencia de quién toma las decisiones y a quién benefician es clave para dejar de enfrentarnos entre iguales y volver a poner la vida en el centro.
El panorama político actual presenta una paradoja que merece un análisis profundo: ¿por qué tantas personas cuyas condiciones de vida dependen de servicios públicos fuertes y salarios dignos terminan apoyando opciones políticas que favorecen los intereses de las grandes élites económicas? Para entender esto, es fundamental recuperar un concepto que parece haber sido borrado del discurso público, pero que sigue determinando nuestra realidad cotidiana: la lucha de clases. La teoría marxista aclara certeramente que la sociedad no es un conjunto armónico de individuos, sino que está dividida fundamentalmente por la posición que ocupamos en el sistema de producción. Por un lado, están quienes poseen los medios para generar riqueza y, por otro, la inmensa mayoría que sólo dispone de su fuerza de trabajo para subsistir. Esta diferencia genera intereses contrapuestos que no pueden ignorarse sin caer en el engaño, ya que la realidad material se nota cada día en el acceso a la vivienda, la calidad de la sanidad o la estabilidad laboral.
Sin embargo, para que el sistema dominante se mantenga, necesita que la clase trabajadora olvide su identidad y se fragmente. Aquí es donde entran en juego estrategias como el nativismo, que se presenta como una defensa de “los de aquí” frente a “los de fuera”, pero que en la práctica funciona como una cortina de humo. En lugar de señalar a quienes recortan derechos o bajan impuestos a los más ricos, se culpa a personas migrantes que suelen trabajar en condiciones de extrema precariedad. Este mecanismo busca que el trabajador local vea con sospecha a su igual en lugar de unirse a él contra la explotación, desviando el foco del verdadero conflicto de clase hacia un conflicto de identidad nacional. Cuando un trabajador cree que su problema es otro trabajador —sólo que nacido en otro país— deja de ver que sus dificultades vienen de decisiones económicas tomadas por quienes concentran el poder.
A este escenario se suma el autoritarismo, que se alimenta del cansancio de quienes sienten que las instituciones no responden. Se promete “mano dura” y orden como solución rápida, pero esa fuerza suele utilizarse para acallar la protesta social y disciplinar a quienes cuestionan el orden económico establecido, despojando a las clases populares de sus herramientas de resistencia. Este cuadro se completa con un populismo excluyente que divide el mundo entre un “pueblo puro” y una “élite corrupta”, pero que a menudo señala como enemigos a intelectuales o artistas mientras protege las políticas de las grandes corporaciones y el capital financiero. La retórica es popular, pero las medidas benefician a los fondos de inversión y a los sectores más privilegiados.
Un ejemplo clarificador de esta deriva lo encontramos en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy en España, que las fuerzas de la Derecha quieren reeditar. Bajo el paraguas de la “austeridad”, se ocultó una transferencia masiva de recursos y derechos desde la clase trabajadora hacia los grandes capitales. Mientras se rescataba con dinero público al sector bancario —esa élite financiera real que rara vez es señalada—, se aplicaba una devaluación salarial sistemática y se liquidaban servicios esenciales como la sanidad, la educación y las pensiones. Esta maniobra no fue un error, sino una herramienta consciente para aumentar el beneficio empresarial, confirmando que el Estado, en manos de la burguesía, actúa como administrador de sus propios negocios. Para que este saqueo fuera aceptado, fue necesaria una maquinaria mediática implacable que, a través de la desinformación y el miedo, convenció a muchos de que “habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades”, culpabilizando a la víctima para que aceptara el castigo de los recortes.
Recuperar la conciencia de clase significa entender que nuestras necesidades no se resuelven señalando al inmigrante o entregando el poder a un líder mesiánico, sino reconociendo que la verdadera fuerza reside en la solidaridad colectiva. Cuando la clase trabajadora —en toda su diversidad— comprende que sus problemas no vienen de otros trabajadores, sino de estructuras que concentran riqueza y poder, se vuelve mucho más difícil que prospere la división. Desmontar estas trampas ideológicas es el primer paso para volver a poner la política al servicio de la mayoría social y defender los intereses de quienes, con su esfuerzo diario, sostienen el mundo. La pregunta clave no es quién grita más fuerte, sino quién protege realmente las condiciones materiales de vida de la gente común.
Si algo demuestra el avance de las políticas antisociales es que no se sostienen sólo en la fuerza de quienes dominan, sino también en la ignorancia inducida y la insolidaridad cultivada entre quienes padecen la explotación. Un sistema que necesita trabajadores enfrentados, desinformados y desconfiados no teme a la mayoría social, sino a su toma de conciencia. Afrontar esa realidad —reconocer cómo se fabrica el consentimiento y cómo se debilitan los lazos colectivos— es un primer paso imprescindible para no seguir allanando el camino al orden capitalista. Porque ningún proyecto de emancipación es posible mientras se asuma como natural lo que es, en esencia, una relación de dominio.